Que sea una recomendación no le quita entidad ni la priva de fuerza, como parece sugerir el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Que un grupo de expertos califique de arbitraria la detención de un presidente constitucional no debería pasarse por alto como un asunto “menor”, o como una “opinión” que “no modifica en nada las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes”. Puede no hacerlo. Pero sin dudas las pone en serio entredicho, porque dice abiertamente el grupo de expertos lo contrario de lo que ha “sentenciado” el Tribunal Constitucional del Perú.

El TC peruano dice que fue bien “privado de su libertad”, bien vacado y bien sometido a un procedimiento penal. Nada de eso ha sido así. Los expertos dicen todo lo contrario: que se le detuvo sin ninguna “base jurídica” (repiten cuatro veces: sin ninguna base legal, sin una orden emitida por una autoridad judicial, sin ser informado de los motivos de su detención y sin respetar su inmunidad como presidente). Es muy grave, en cualquier caso. Siendo un presidente, es de una gravedad extrema e inusitada. Porque el grupo trata detenciones arbitrarias en cualquier nivel. No solo de figuras políticas. Por eso es todavía más grave. No menos, como cree el Estado peruano, sino mucho más. No podemos sino coincidir con los especialistas de la ONU.