Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y autor de la ley infame. (FOTO: César Zamalloa/H13)

El 13 de diciembre de 1984 una patrulla del Ejército llegó al caserío ayacuchano de Putis donde asesinó a 123 personas. Antes de las ejecuciones, algunos de los militares de la patrulla violaron a mujeres y niñas. Los crímenes de Putis no fueron un episodio aislado. Durante los años ochenta, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la violencia sexual perpetradas por las Fuerzas Armadas tuvieron un patrón. Por eso la justicia determinó que esa conducta reiterada eran crímenes de lesa humanidad y por tanto no prescriben. El Congreso, comandado por Fernando Rospigliosi, acaba de evacuar una ley para cambiar las reglas de juego y hacer técnicamente imposible juzgar casos como el de Putis.

A partir de ahora, para acreditar que un ataque fue sistemático será necesario probar que existió una “política de gobierno, un plan estratégico o una orden de comando” que dispusiera la matanza. En otras palabras, habrá que encontrar un documento o testimonios que prueben que hubo una orden para cometer el crimen. Evidentemente, nadie ordena por escrito ninguna matanza como la de Putis o la de Socos, donde la Policía ejecutó a 32 comuneros.