Así ha sido siempre. Firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la bota de Morales Bermúdez y la ratificamos mediante la Constitución de 1979, y apenas tres años después los gobiernos empezaron a violarla sistemáticamente, respondiendo al terrorismo senderista con miles de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y demás atrocidades durante las siguientes dos décadas teniendo como principales víctimas a campesinos situados desgraciadamente entre dos fuegos. Y todo esto, en medio de un caos que solo sirvió para agudizar la violencia. Al final de la historia, un departamento policial especializado logró derrotar a la organización terrorista capturando a sus líderes mediante acciones de inteligencia, libres de los horrores de la guerra contrasubversiva que se llevaba adelante con tan malos resultados.

Entonces vinieron las quejas por la supuesta intromisión de los organismos internacionales para que nuestros gobiernos respeten los derechos humanos en cumplimiento de sus compromisos. Aquí surgió el argumento de la “soberanía nacional” para pasar por agua tibia los crímenes del Estado, para solapar la barbarie. Y esa coartada ha escalado hasta convertirse hoy en una exigencia histérica de denunciar y botar al tacho de los desechos la Convención Americana de Derechos Humanos y sacar al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana.