Sin embargo, tal como reveló este semanario, dichos acuerdos forman parte de un presupuesto abusivo, pues se compra la voz de los perjudicados, maniatándolos jurídicamente.

Es decir, se desplaza el sentido cabal de la justicia: del espacio público a la oficina privada, donde Chang y sus socios imponen condiciones en un clima de secretismo. En esta narrativa, el empresariado no asume culpas, es dadivoso, liberal. Y a los afectados se les pide algo más que el silencio: negarse a ejercer sus derechos. Si es que quieren, claro está.