Si vemos lo que sucede en el derecho internacional actual (cuando se persigue y sanciona a funcionarias de la ONU o fiscales de la Corte Penal Internacional, ambas mujeres, de Fatou Bensouda a Francesca Albanese, también a Mirjana Spoljaric, jefa de la Cruz Roja Internacional, quien dijo que Gaza es “peor que el infierno en la tierra”), no podemos sino preocuparnos. Para muchos teóricos del derecho el derecho internacional no es “derecho” porque carece de un rasgo definitorio: la capacidad coactiva. (“Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma”, “lo que convierte su actuación –de Albanese– en una flagrante violación de la soberanía de ambos países”, sostuvo Marco Rubio). Las instituciones internacionales no tendrían la misma capacidad para imponerse que los tribunales internos.

Actualmente vemos que Dinamarca retira gran parte del financiamiento del sistema interamericano, lo que redunda en una merma ostensible de sus tareas e impacto. La jurisprudencia del sistema interamericano ha sido muy importante para nuestra región. Los casos Barrios Altos y La Cantuta no han sido solo importantes para Perú: marcaron la jurisprudencia de derechos humanos de muchos países, incluyendo Argentina. Hoy parecemos retroceder a pasos agigantados, con un sistema interamericano anquilosado, burocrático, desfinanciado. Y tribunales supremos desprestigiados, que aplican por extensión analógica figuras penales, algo que siempre estuvo prohibido. Se ha corrido la línea.