Pero la trama no solo era endeble y contradictoria, sino sobre todo cínica y mentirosa. Porque todos sabemos bien en qué clima político de intimidación y chantaje se tienen que desenvolver los jueces que quieren cumplir debidamente con su función en el país regido por el pacto parlamentario mafioso y su títere Boluarte. Una realidad en la que se quiere imponer la impunidad de un cártel político delincuencial, experto en coimas, lavado de activos, tráfico de influencias, negociación incompatible, cohecho, malversación y otros latrocinios, entre los cuales no pueden faltar las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad. Una realidad en que los jueces y fiscales viven bajo la permanente amenaza de ser intervenidos y reorganizados arbitrariamente por la mafia parlamentaria y el gobierno.

Es lo que acaba de ocurrir con el correcto juez Richard Concepción Carhuancho, a quien el parlamentario fujimorista Fernando Rospigliosi ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia para que sea destituido cuanto antes. Lo acusa de magistrado prevaricador por negarse a aplicar las leyes anticonstitucionales y contrarias a los tratados internacionales sobre derechos humanos que el Perú se ha comprometido a cumplir. Rospigliosi quiere poner de rodillas a los jueces con este acto de prepotencia, para el cual pretende valerse de una entidad como la JNJ, desacreditada por su obsecuencia hacia la claque congresal y que no cesa de desenmascararse con la rehabilitación de oficio de fiscales y jueces merecidamente destituidos en su momento, como lo ha hecho con Patricia Benavides, a quien pretendió imponer como fiscal de la nación para tomar el control del Ministerio Público.