Hay otro asunto a aclarar: ¿de qué Constitución estamos hablando? Tuvimos la Constitución de 1993, hecha en dictadura y aprobada con fraude. Pero hubo un cambio SUSTANCIAL entre 2021 y 2023 por parte del Congreso y el Tribunal Constitucional (TC), que rompieron el equilibrio de poderes con la vacancia presidencial express e impidiendo de facto que un presidente llame a nuevas elecciones tras disolver un Congreso obstruccionista. Lo hicieron violando la misma Constitución que tanto dijeron defender. Además, en contra de la voluntad manifiesta del pueblo votada en referéndum, establecieron un Senado oligárquico e hiperpotente. Esta nueva estructura de poder tiene un profundo efecto económico. El que se haya impuesto un Congreso sin control convertido en el centro único del poder, le ha permitido nombrar un TC servil que le ha otorgado iniciativa de gasto en contra de la letra expresa de la Constitución. El déficit fiscal sin control es hijo del parlamentarismo mafioso sin control. Frente a eso, la ley del Congreso y las decisiones del TC que rompieron el equilibrio de poderes deben ser revertidas mediante disposiciones constitucionales más precisas y el Senado debe ser eliminado.

Vayamos ahora a la orientación principal de la Constitución. “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, dice el artículo primero. Eso está bien, pero ¿se debe dejar totalmente de lado el cuidado de la naturaleza y los demás seres vivos, la justicia y equidad, la cultura, la vida en comunidad y los bienes comunes? Esto atañe al orden fundamental que nos damos con la Constitución y que orienta a su vez la cuestión económica. La persona humana no está aislada de la sociedad ni del ambiente en que vivimos. El objetivo general de la economía debe establecerse como orientado al Buen Vivir con equidad, procurando pleno empleo y que las regiones postergadas y con menor bienestar del país sean priorizadas en su desarrollo.