Esa primera muestra tuvo como víctima a Panamá, uno de los países más pequeños de nuestro continente y del mundo, poseedor, sin embargo, de una infraestructura de importancia extraordinaria: el canal interoceánico, que permite el paso marítimo entre el Pacífico y el Atlántico ahorrando la necesidad de rodear el continente. El canal fue construido por Estados Unidos a principios del siglo XX, pero previamente atacaron a Colombia y propiciaron la secesión de Panamá, país nuevo del cual obtuvieron, mediante un tratado leonino y desigual, suscrito en 1903, la propiedad del canal y la zona adyacente, que dividía por la mitad al nuevo país.

Panamá, con el tiempo, consiguió tras arduas y prolongadas negociaciones la devolución de la propiedad del canal y su zona adyacente. Esto ocurrió mediante la firma de un nuevo tratado en el año 1977, que estipuló que ese país asumiría el control del estrecho curso de agua veinte años después, y así fue que en 1999 se dio cumplimiento al acuerdo, mediante su transferencia formal a la soberanía de la república panameña. De inmediato, el país del istmo organizó su administración y funcionamiento eficiente, poniéndolo al servicio del mundo y las exigencias de la navegación moderna mediante una gigantesca ampliación. Así transcurrieron 25 años tranquilos, sin quejas de nadie, en ningún país, por la administración panameña.