El gran problema es que todo eso también podría leerse, simple y llanamente, como “presión política”, es decir, como el inevitable cargamontón que el establishment limeño efectúa, como un acto reflejo, contra todo líder político que atente con romper con ese statu quo que ha condenado al Perú a ver la economía y la pobreza crecer a la par. La declaración del fujimorista no apuntó de manera específica a nadie, diseminando la responsabilidad por esa “gesta” entre varias instituciones, partidos y personalidades más o menos anónimas y difíciles de precisar.

Sin embargo, indicios que han ido apareciendo desde el 7 de diciembre de 2022 –cuando Castillo pretendió consumar un tímido autogolpe– apuntan a actores e instituciones puntuales que se habrían coludido para producir en el expresidente un estado de pánico, induciéndolo a romper con el orden constitucional con el objetivo de usar dicho quiebre, dicha afrenta contra la democracia, como justificación para una destitución exprés.