Lo vimos en el último debate. Mientras Keiko leía rígidamente sus apuntes en una mesa de trabajo colapsada de papeles, reflejo del desorden que ella afirma combatir, algunos confirmábamos nuestras sospechas. Su plan es militarizar el transporte público —como si sacar a los militares hubiera servido, alguna vez, para salvaguardar el orden y no para perpetrar masacres— y decretar trabajos forzados en los penales, lo que nos llevaría a renunciar al Pacto de San José, como le gusta fantasear a los miserables que celebran la masacre de Barrios Altos o buscan la amnistía de los implicados en el caso Cayara.

Después de todo, recordemos que tiene bajo captura el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación al mando del “cuello blanco” Aladino Gálvez. Así las cosas, ¿quién haría contención al Ejecutivo? ¿Los medios de comunicación? No me hagan reír. ¿El Senado con una mayoría en manos del fujimorismo y su cepa agresiva, la ultraderecha evangélica y “porkysta”? En un eventual gobierno de Keiko, toda protesta se reprimiría con total impunidad.