Sicarios asesinan a joven dentro de un local de apuestas en el centro comercial Las Malvinas en el Cercado de Lima el 7 de septiembre pasado.

Mientras el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se preocupa más por obstaculizar los procedimientos fiscales que la comprometen en diversos delitos, perseguir a los policías que la investigan y vigilar a sus opositores, Lima y otras regiones del país se encuentran paralizadas por la explosión de las extorsiones y el desborde criminal.

La situación es insostenible y revela la incapacidad del Ejecutivo para liderar una lucha frontal contra el crimen organizado, que es una de las principales preocupaciones de los peruanos, según todas las encuestas. Un sondeo de Ipsos Perú publicado en julio pasado arrojó que el 55 % de los peruanos cree que detener o reducir la delincuencia debería ser la prioridad más importante de este gobierno. Claramente no lo es.