La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se ha enfrentado públicamente al Congreso y al gobierno. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa su posible suspensión del cargo. Será un escándalo internacional (FOTO: Joel Durán / H13).

Como los brazos de una tenaza bien sincronizada, el gobierno y el Congreso de la República han estrechado su cerco para asfixiar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Su meta es clara: intimidar a los fiscales y jueces que se atreven a desafiar las leyes pro-criminalidad impulsadas por el Parlamento.

Esta ofensiva se ejecuta de manera coordinada: mientras el Ejecutivo recorta progresivamente el presupuesto esencial para que las instituciones de justicia puedan desempeñar sus funciones de investigación y sanción del delito, los grupos que controlan el Congreso promueven una serie de proyectos de ley diseñados para amedrentar a los magistrados por sus decisiones judiciales.