Repudio contra el régimen erguido sobre cadáveres en la marcha del paro del miércoles 14 (avenida Abancay).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve a desnudar nuestra miseria institucional en fueros internacionales. En un último informe publicado hace un par de semanas concluye  que la actual administración –el Parlamento y su entenada de Palacio– ha ignorado todas sus recomendaciones hechas tras las masacres en las protestas sociales del 2022 y el 2023. “De las 36 recomendaciones que hizo la CIDH, el Perú solo ha cumplido una”, dice Julissa Mantilla, expresidenta del organismo internacional.

“Uno de los hechos más graves es la demora en los procesos judiciales por las muertes que se dieron durante las protestas. (…) La CIDH ha identificado que la mayoría están en investigación preparatoria. Hay casos en Cusco y Ucayali donde no se ha reportado ninguna información por parte del Estado. Todo esto nos habla de impunidad”, explica Mantilla, abogada de profesión.