Juan José Santiváñez juramenta como ministro de Justicia y Derechos Humanos el sábado 23. Mutua protección (FOTO: César Zamalloa / H13).

El contraste no podía ser más sorprendente. Cuatro días después de jurar como ministro de Justicia, Juan José Santiváñez era señalado en una resolución judicial como el “hombre clave” de una organización criminal, mientras un grupo de fiscales allanaba las oficinas de sus socios y la vivienda de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta.

A él no lo tocaron: su condición de aforado lo protege. Pero la trama política ya estaba trazada. El mismo funcionario que recientemente prometió “reformar el sistema de justicia” y “ejercer control absoluto sobre los penales”, aparece señalado por la Fiscalía como el jefe de una red que cobraba sobornos, fabricaba arraigos laborales para asegurar la libertad de aliados y encubría a sus propios operadores.