Los países canallas como el Perú, donde el neoliberalismo acabó con cualquier anhelo de Estado de bienestar, inventan de vez en cuando premios que tienen la cualidad de ayudar (salvar) a unos elegidos y renovar la fe en el sistema. Son una bendición, una de esas cosas que responden las plegarias que hace una madre mientras mira a su hijo, que salió geniecillo pero ni siquiera tiene zapatos para hacer la caminata de dos horas que lo separa del colegio. Esos beneficios son islas encantadas, llaves mágicas que les permiten a los pobres, por una vez, jugar en igualdad de condiciones y poder ganar una oportunidad de transformar la vida, nada menos.

Beca 18 es uno de esos casos. Su existencia, bien vista, es un premio consuelo, un mecanismo que existe porque las cosas no funcionan. Un paliativo. Es de lo poco que pudo hacer por la educación el último gobernante de izquierda que terminó su mandato (Humala); lo hizo cuando quedó claro que la Gran Transformación no era posible pero sí la inclusión social negociada a cuentagotas con el MEF. Así nació un programa para pagarles los estudios a jóvenes sin recursos de todo el Perú, a chicos y chicas en situación vulnerable: de bajos ingresos, de poblaciones amenazadas, víctimas del conflicto armado. ¿Cómo funciona? El Estado cubre la educación en una universidad (por lo general privada) y los gastos de manutención durante la carrera: no parece mucho para quienes soñamos con educación universal, gratuita, de la mejor calidad y todas las comodidades. Y aun así se convirtió en un gran generador de la movilidad social en un país donde superar la pobreza de nacimiento sigue siendo altamente improbable. Como dice la investigadora Susana Chávez: “Beca 18 fue capaz de abrir una grieta real en esa desigualdad estructural”.