Hace unos días Aníbal Torres deseó la muerte de aquellos que envidian los contratos de su hermano con el Estado. Si el mal de ojo existiera, es probable que esta nota cause algunas bajas porque, en calidad de primicia, presentamos algunas de las facturas que Aldem S.A.C., la empresa de Víctor Torres, el hermanísimo, le giró al Estado en los últimos meses.

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El abogado bebe y se dopa y dispara. Dispara a una puerta ajena y a la altura de un tórax adulto (el de su vecino). Lo hace después de aporrear el auto del hombre al que ha querido matar a balazos. Es un macho desatado este abogado. Es el mismo que enmierdó y choleó a un policía en un video famoso en las sentinas de las redes sociales.

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Todos los acuerdos de colaboración eficaz del caso Lava Jato están bajo reserva. Eso incluye la sentencia de los mandamases José & Hernando Graña, condenados a cuatro años de prisión suspendida, lo que significa que no pondrán un pie en la cárcel. Y difícilmente los veremos sentados en el banquillo ni siquiera en calidad de testigos.

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-¿Qué hace usted en un gobierno que tiene un repudio popular del 82% y, además, sangre en sus manos?

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Recién instalada en Palacio de Gobierno, Dina Boluarte ensayó uno de sus huainos para anunciar que las concesiones de los lotes petroleros que están por vencer pasarían al control de Petroperú. Tras cambiar el arpa por los tambores, la presidenta decidió que el Estado continuará en calidad de socio precario en el negocio del petróleo. Se trata del remake del crudo que en los 90 dirigió Alberto Fujimori.

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Camino a Achipampa (Junín), en la radio del carro está sintonizada una emisora local que recibe llamadas de los radioyentes. Uno de ellos, hombre con voz desesperada, dice: “Suplico que la policía esté presente en los lugares rurales. Si es posible, nos vamos a organizar para darles un bono”. Una semana antes, en Achipampa, los campesinos, hartos de los robos, asesinaron a cuatro presuntos delincuentes.

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Eran cerca de las diez y media de la noche cuando 80 personas ingresaron a la fuerza a un predio situado en la entrada del balneario de Naplo. “Los verdaderos dueños nos han dicho que estemos acá”, le gritaban los invasores, mientras tomaban el terreno. Desde aquella madrugada del pasado 10 de mayo a la fecha, en el predio se han levantado unas 900 casetas de triplay de 3x3 m² con techo de calamina.

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Después de presenciar el asesinato de su jefe y de sus tres amigos, “Mercedes” tuvo que tomar una combi para ir hasta la comisaría más cercana. Por el camino pidió ayuda varias veces, pero sin mucha suerte.  

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Desde que asumió como presidenta, Dina Boluarte intentó instalar el mito de que su gobierno traería la eficiencia de vuelta al Estado. El suyo sí era un gobierno de técnicos, gente interesada en políticas públicas, lejos de toda ideología, y a los que solo les importaban los resultados. En enero, cuando las protestas arreciaban y los muertos por acción del Estado aumentaban día a día, Boluarte dijo en una conferencia en Palacio que la gente debería reclamar no por adelanto de elecciones sino por carreteras, colegios y hospitales. Cosas concretas, cosas medibles. Nada de política, solo políticas públicas. Allí su gobierno sí iba a destacar.

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Henry Kissinger cumplió un siglo el último sábado. A pesar de su avanzadísima edad, el estratega aún sigue participando de reuniones como la de Bilderberg (mayo de 2023), donde la crema y nata de Europa y Norteamérica planifica el futuro de la humanidad sin consultarle –o caer en algún otro tipo de “dogmatismo democrático”–. Kissinger, convertido hoy en una suerte de oráculo geopolítico para las élites occidentales, también debe tener admiradores por la impunidad con la que, durante la década del 70 del siglo XX, planificó o facilitó la destrucción de sociedades enteras. 

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