OPINIÓN

"Entregar nuestra defensa nacional a los Estados Unidos puede tener un costo muy grande" Pedro Francke

Las elecciones y los cazas


Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos, y José Jerí cuando hacía de presidente.

El gobierno absolutamente desprestigiado de Dina Boluarte aprobó gastar 3 mil 500 millones de dólares, una suma muy elevada, en una compra de aviones caza. Se presentaron propuestas de Francia, Suecia y Estados Unidos, lo que debía pasar por un proceso de comparación y competencia entre ellos, pero el gobierno de Jerí decidió en secreto comprar los F-16 gringos, algo de lo que recién nos enteramos la semana pasada. Recordemos que José Jerí fue elegido por el Congreso dominado por Keiko y López Aliaga, contrató a sus “amigas nocturnas” por elevados sueldos y permanecía hasta altas horas de la noche con la hija del comandante general del ejército. El presidente Balcázar decidió postergar esta compra hasta el próximo gobierno, lo que ha desatado las iras del embajador de Estados Unidos en el Perú, en un berrinche que ha sido respaldado por Keiko, Porky y Jerí. El que antes Trump haya violado el tratado de libre comercio firmado por Estados Unidos con Perú aumentando sus aranceles, no les ha importado. Cuando escribo estas líneas se afirma que, en contra de las órdenes del presidente, quien es constitucionalmente el jefe supremo de las fuerzas armadas, la FAP habría firmado el contrato en una clara insubordinación al mando y se ha desatado una crisis en el gabinete.

Esta compra de aviones caza es un asunto de la mayor importancia estratégica para el Perú. ¿Qué está en juego? Si el Perú compra esos cazas F-16, su operación dependerá del mantenimiento, armamento y sistemas de información de los Estados Unidos y cualquier cosa que se haga con ellos requerirá su permiso previo. Así que en este elemento clave de la defensa nacional, y tras haber gastado una suma enorme, seríamos muy dependientes de los Estados Unidos, lo que no sucedería si se compraran aviones franceses o suecos. Recuérdese además que ya se ha aprobado que nos endeudemos por otros 4 mil 287 millones de soles para la modernización de la base naval del Callao bajo contrato con la defensa nacional de los Estados Unidos y con tecnología gringa que la manejará por al menos diez años un grupo de oficiales y funcionarios designados por la armada norteamericana. Si se compran los F-16, los Estados Unidos tendrán la mano dominante tanto en nuestra marina como en la aviación. Por otro lado, las guerras recientes en Ucrania e Irán han mostrado que el uso de drones, de mucho menor costo, tiene una gran potencia defensiva. ¿No es momento de revalorar si nos conviene gastar 3 mil 500 millones de dólares cuando el Consejo Fiscal alerta de riesgos de un déficit fiscal elevado?

Veamos ahora las consecuencias económicas de largo plazo. Según la estrategia de seguridad nacional de Trump, todo el continente americano está dentro de su esfera de decisión y piensan controlar minerales críticos y puertos. Ya durante el gobierno de Jerí el canciller Hugo de Zela firmó un memorándum que hasta hoy se ha mantenido en secreto priorizando que Estados Unidos se lleve nuestro cobre y otros metales raros. Esto es clave ya que los precios del cobre y oro son muy elevados y debiéramos establecer un impuesto extraordinario a las sobreganancias mineras que este año superarán los 75 mil millones de soles. ¿Qué tiene que ver esto con los F-16? Que dos de las empresas mineras más grandes, Cerro Verde y Yanacocha, que este año sumarán más de 6 mil millones de dólares de exportaciones, son de propiedad norteamericana. Es obvio que Trump, con fuerte control de nuestra defensa nacional si compramos los F-16, no permitiría que sus transnacionales vean reducidas sus sobreganancias. Pero ese dinero nos es muy necesario ahora mismo. Defender las economías populares hoy exige limitar el encarecimiento de los combustibles que ha golpeado al transporte y generado un alza inflacionaria con impacto recesivo. A pesar del empobrecimiento causado a millones de peruanos, este tema no ha sido abordado en la campaña electoral. El problema es consecuencia del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha generado un alza del precio internacional del petróleo. Un buen gobierno –como lo están haciendo otros– podría frenar su efecto sobre nuestra economía interna fijando un precio de los combustibles más bajo que el actual y con el Estado cubriendo la diferencia mediante el llamado FEPC –Fondo de estabilización de precios de los combustibles–. Esto ya se ha hecho muchas veces antes, y aunque hoy ese fondo no tiene los recursos necesarios, un impuesto a las sobreganancias mineras nos permitiría hacerlo sin ampliar el déficit fiscal.

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