La consigna –“¡Barrer el Poder Judicial!”– la lanzó Fernando Rospigliosi, fujimorista al mando circunstancial del Congreso. Pero la escoba no barre parejo. No toca a los magistrados corruptos, a los que comercian con sus sentencias, a los “cuellos blancos”. Solo apunta a los íntegros: a quienes se atrevieron a aplicar la ley sin mirar a quién perjudicaba, a quienes pusieron la Constitución por encima de la conveniencia partidaria, a quienes entendieron que los tratados internacionales de derechos humanos no son adorno retórico, sino norma vinculante. En otras palabras: la escoba barre a los que no se dejan comprar.

El instrumento elegido para esta faena es la Junta Nacional de Justicia, convertida en lo que ninguna institución de su naturaleza debería ser jamás: un ariete político al servicio del poder. Sus actuales integrantes fueron designados en un proceso irregular, bajo la batuta del Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, hombre colocado en ese cargo por el fujimorismo para satisfacer a su aliado Vladimir Cerrón. La que debía ser centinela de la independencia judicial se ha metamorfoseado en su cazador más encarnizado: una institución que lleva el nombre de la justicia para ejercer, con mayor comodidad, su destrucción.