Esa imagen tiene, además, un reverso que rara vez se muestra: una madre que espera en una puerta que ya no se abre, un nombre que alguien sigue pronunciando en las noches, un lugar en la mesa que nadie se atreve a ocupar. Detrás de cada retrato hay una familia que no se resigna a que ese instante sea el final de la historia: que camina de comisaría en comisaría, de juzgado en juzgado, que aprende de memoria el lenguaje de los expedientes para no perderse en él, que guarda copias, fechas, testigos, como quien conserva lo único que le queda. El Estado archiva expedientes; las familias no archivan nada. Cargan: la fotografía, la ausencia, y también –contra todo cansancio– la exigencia de que alguien, algún día, responda.

Eso es lo que nos convoca hoy. No una coincidencia de fechas, sino una continuidad. Entre Accomarca y Barrios Altos, entre los muertos de las protestas de 2020, las masacres de Ayacucho y Juliaca de 2022 y 2023, y lo que hoy llamamos —con la misma cautela con que se nombra algo que todavía no termina— violencia estatal 2025-2026, no hay cuatro tragedias distintas. Hay una sola: la de un Estado que sigue tratando la protesta y la disidencia como enemigo interno, y que conserva, cuarenta años después, la misma facilidad para archivar, prescribir y olvidar. Varían los nombres de las víctimas, los departamentos, los años; lo que permanece es la costumbre oficial de mirar hacia otro lado mientras el tiempo hace, en silencio, el trabajo sucio de la impunidad.