Solo por citar el caso más escandaloso: el JNE ha permitido, en no menos de 130 candidaturas, una vulgar maniobra criolla que haría posible burlar la prohibición constitucional de la reelección de alcaldes. El alcalde en funciones no postula a la reelección, sino a primer regidor; luego, quien encabeza la lista –un hombre de paja, un testaferro– renuncia, y el supuesto regidor “se ve obligado” a asumir la alcaldía. En el JNE hay quienes sostienen que esta treta es admisible y alegan un vacío legal que en realidad no existe, salvo para quien quiere buscar la sinrazón de una pendejada.

Lo peor de todo es que el JNE se negó a aclarar su posición sobre esta cuestión antes de llegar al acto electoral. La ciudadanía se ha visto obligada a ir a las urnas sin saber a ciencia cierta si están votando o no por una reelección que es anticonstitucional. Tuvo varios meses para hacerlo y se le instó públicamente a ello, incluyendo los principales candidatos. Sin embargo, se negó una y otra vez, viciando así la transparencia y la legalidad del proceso. Consumada la votación, y en la eventualidad de que gane López Aliaga, nadie sabe si el JNE se decidirá por violar o no la Constitución confirmando una reelección prohibida.