El Poder Judicial no está obligado a aplicar leyes espurias Ronald Gamarra
Le salió al revés
"Jorge Luis Salas Arenas: la fujimorista Junta Nacional de Justicia lo dejó sin protección"
Hay oradores que suben a una tribuna para hablarle al mundo y otros que la confunden con el balcón de su casa. A mediados de septiembre, en el 81° período de sesiones de las Naciones Unidas, Keiko Fujimori estrenó la banda presidencial en Nueva York y eligió lo segundo: tenía delante al planeta entero, con sus guerras sin término y su hambre sin horario, y prefirió ventilar ante él los rencores de la política doméstica, para decir, sin ruborizarse, que en el Perú se persigue judicialmente a los militares y policías que combatieron el terrorismo.
La frase tardó menos en regresar a Lima que el avión presidencial. Amplios sectores protestaron, la presidenta del Poder Judicial respondió con firmeza y el gobierno tuvo que “matizar”, ese verbo que en el diccionario del poder significa retroceder sin que se note la huella del zapato.
Pero no nos engañemos con el matiz. Lo de Nueva York no fue un desliz de principiante, sino una pieza más de la política de impunidad que su lugarteniente, Fernando Rospigliosi, viene tejiendo desde hace años con paciencia de araña: una serie de leyes arbitrarias y anticonstitucionales diseñadas para poner a buen recaudo a un puñado de militares y policías que violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad entre 1980 y el 2000. Leyes con nombre y apellido, llaves fabricadas a mano para abrir una sola celda.
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EDICIÓN 805 - AÑO 17
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